En reiteradas oportunidades recibimos consultas sobre relaciones laborales en las cuales la patronal requiere la firma de pagarés como condición indispensable para el ingreso al trabajo.

Tal cuestión resultar violenta para el inicio de la relación comprendida en el orden público laboral, además de ser atentatorias del patrimonio del trabajador, pues un título de tal índole puede ser ejecutado en los tribunales civiles sin que se indague la causa.

Esta es una práctica común en las prácticas de algunas patronales, que articulan todo un sistema de protección en contra de despido de trabajadores, que lejos esta del ideal y la legalidad fijada en la Ley de Contrato de Trabajo. 

Existe normativa expresa que trata la cuestión, en particular el art. 60 de la Ley 20.744, en el cual se expresa: “Firma en blanco. Invalidez. Modos de oposición. La firma no puede ser otorgada en blanco por el trabajador, y éste podrá oponerse al contenido del acto, demostrando que las declaraciones insertas en el documento no son reales.”

Como primera cuestión cabe decir que esta modalidad de firma de documentos en blanco es por demás una práctica tachada de irregular e inmoral, pues se adelanta la mala fe de una de las partes en la relación, sobre lo cual es aconsejable no firmar nada.

Como segunda cuestión está en cabeza del trabajador probar que el instrumento fue firmado en blanco. ¿Y esto por qué? Porque existe una conexión con las disposiciones del código civil y comercial que invierte la carga de la prueba cuando dice “El firmante de un documento en blanco puede impugnar su contenido mediante la prueba de que no responde a sus instrucciones…” (Art.315). Es decir, en este caso el firmante es el trabajador quien debe impugnar el contenido que no se corresponda con la realidad.

En conclusión, es recomendable no firmar en blanco, pues se podría atentar contra el patrimonio del trabajador.